El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) ha emitido la Resolución 340 del 18 de noviembre de 2024, en la que se dispone el inicio del examen de extinción de los derechos antidumping aplicados a las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado, productos clasificados bajo la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarios de la República Popular China.
¿Qué son los derechos antidumping y por qué se aplican?
Los derechos antidumping son gravámenes adicionales que se imponen a productos importados cuando se determina que estos se venden en el mercado nacional a precios inferiores a los de su país de origen, lo que podría generar una competencia desleal y perjudicar a la industria local. Este impuesto busca corregir posibles distorsiones de mercado.
Contexto
Actualmente se aplican derechos antidumping definitivos a las importaciones de cable de acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado, originarias de la República Popular China, en la forma de un gravamen ad valorem del 15%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al arancel vigente. Ahora como lo dispone la resolución 340 de 2024 es necesario evaluar si las condiciones que dieron lugar a la medida se mantienen o si corresponde extinguir dicha medida.
Aspectos claves de la Resolución 340 del 18 de noviembre de 2024.
- Se mantiene la Continuidad de los derechos antidumping, Mientras se lleva a cabo el examen de extinción, Esto en línea con lo dispuesto en el artículo 2 de la resolución, lo cual garantiza la estabilidad de la medida hasta la publicación de los resultados de dicho examen.
- Este procedimiento permitirá determinar si persisten las condiciones que justifican el mantener dicho antidumping . Para ello, se considerarán factores como la evolución de los precios, el impacto en la industria local y la dinámica del mercado internacional.
¿Por qué es relevante el inicio del examen de extinción?
Este proceso es crucial especialmente para las empresas nacionales, que buscan condiciones de competencia justas, tanto para los importadores, así como para los exportadores, y reflejan el compromiso del país con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que regulan el uso de estas medidas en pro de la defensa comercial de factores como las subvenciones que pueden distorsionar un determinado mercado y por ende afectar la industria nacional.
